En 2006 Honduras firmó el
Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. La consecuencia de dicha firma para
el país centroamericano, que lo suscribió con pretensiones de aumentar sus
exportaciones y conseguir mayor inversión extranjera, fue que éstas incluso
disminuyeron y aumentó el déficit comercial de Honduras con el gigante del
norte.
La agricultura hondureña se empobreció más aún de lo que ya estaba y se
perdieron miles de empleos en el sector de medicamentos genéricos, como
condición por la protección de patentes farmacéuticas establecidas en el TLC.
A través de un particular
proceso de evolución paulatina del presidente Mel Zelaya hacia la izquierda, en
2008 Honduras ingresó en el ente petrolero Petroamérica (empresa formada por
compañías estatales petroleras latinoamericanas) y se incorporó al ALBA.
La versión oficial para el
golpe de Estado la ofreció el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin
Casas-Zamora, quien declaró a BBC Mundo que “Zelaya se quedó sin apoyo de la
élite política y estaba enfrentado al Congreso. Esta situación creó un dilema
de gobernabilidad, sólo superable si Zelaya abandonaba sus pretensiones de
modificar la Constitución y se creaba un mecanismo que permitiera al ejecutivo
y a los diputados tomar decisiones de manera colegiada”. En resumen, la
oligarquía hondureña, eternamente en el poder del país, pretendía que Mel
Zelaya fuese presidente pero sin gobernar.
La posición firme de Zelaya
ante las instituciones políticas hondureñas, definidas más de una vez como
"tozudas" por parte de las élites centroamericanas y la rancia
oligarquía local, generó un fuerte conflicto interno donde las acusaciones al
presidente constitucional fluyeron en los medios de comunicación bajo
calificativos de “populista” (consecuencia del incremento del salario mínimo y
de los planteamientos de consulta popular a través de una cuarta urna con la
finalidad de ver si la población quería un cambio constitucional). La
estrategia de desestabilización de las fuerzas reaccionarias concluyó en un
golpe de Estado que pretendió justificarse con inverosímiles razones y
argumentaciones poco creíbles. Ningún país del planeta ha apoyado oficialmente
a los golpistas, lo cual significó un hito histórico en este tipo de sucesos.
Lo sucedido en Honduras ha
sido un golpe neoliberal, en beneficio de los más ricos y de una escuálida
clase media con pretensiones de ser rica.
¿Quiénes apoyaron a Micheletti y
al gobierno de facto?
La experta en temas militares
hondureña Leticia Salomón, investigadora de la Universidad Nacional, no tuvo
dudas en referenciar a los autores del golpe, indicando que: “fue planeado por
un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente
de Honduras (1988-2002) y dueño del periódico `La Tribuna`, que junto con ´La
Prensa´, ´El Heraldo´, los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron los pilares
fundamentales del golpe”.
Carlos Roberto Flores Facussé,
propietario del diario “La Tribuna”, fue una de las puntas de lanza en la
campaña que el último año promovió el Departamento de Estado de los Estados
Unidos contra Zelaya, y que mantenía reuniones desde el año anterior con John
Dimitri Negroponte, puente con los “halcones” estadounidenses, cuando éste era
secretario adjunto para Asuntos Hemisféricos del gobierno de George W. Bush.
El grupo al que hace
referencia Salomón debe completarse con Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein,
dirigentes del Grupo Continental, emporio que monopoliza la banca hondureña, la
agroindustria y medios de comunicación como ´El Tiempo´ y ´Canal 11´. El resto
de familias que componen la oligarquía hondureña, que controlan el 90% de la
riqueza del país y apoyaron el golpe contra Zelaya son: Rafael Ferrari, Juan
Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario
energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo
Lippman y el constructor Rafael Flores, entre otros. Dentro de la trama
golpista, destaca otro personaje "oscuro entre los oscuros", el
magnate Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la
Orden Mérito a la Democracia, y quien hoy monopoliza el negocio de la palma
aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10%
de su valor real.
En este sentido, no es de
extrañar que la empresa privada hondureña haya sido uno de los actores que en
primer lugar apoyaron el golpe de Estado y al gobierno ilegítimo, calificando
al golpe como un proceso “democrático” e “irreversible”.
Así lo aseguró Alejandro
Álvarez, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la
organización económica privada más poderosa de este país que aglutina a 62
asociaciones gremiales. Según este magnate del sector de la construcción
hondureña, “Honduras está en un proceso de rescate de una Estado de Derecho
precario…, porque un poder quiso ponerse encima de la ley”, haciendo referencia
a la consulta popular auspiciada por el destituido presidente Zelaya con
respecto a su iniciativa de la cuarta urna. Álvarez es también vicepresidente
de la Cámara Hondureña de la Construcción (CHICO), y en marzo de este año, al
ser elegido presidente del COHEP, con el cinismo propio de un golpista, se
declaraba apolítico y se inclinaba públicamente por "establecer un diálogo
con el gobierno para apoyar de manera dinámica las iniciativas en las cuales
coincidan y discutir aquellas en las que existían divergencias".
Otro destacado dirigente
empresarial golpista es Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI), otro habitual de las marchas Unión Cívica Democrática
(organización que apoya socialmente al gobierno golpista). Según Facussé, “Ha
habido respeto al orden constitucional frente al presidente depuesto que no
quería respetarlo, porque era ilegal lo que estaba haciendo”. El 13 de
septiembre Facussé fue deportado desde el aeropuerto de Miami al de San Pedro
Sula por las autoridades de migración estadounidenses. Su pasaporte fue sellado
con la palabra “Inadmisible”.
Luis Larach, presidente de la
Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, organización empresarial de la zona
norte y la más poderosa económicamente del país, es otro de los empresarios que
ofreció inmediatamente respaldo a Micheletti en otro comunicado, en el cual
invitó además “a la población hondureña a mantenerse firme en defensa de la
democracia”.
Estos tres personajes forman
parte de los varios empresarios que financian y participan en las marchas de la
Unión Cívica Democrática (grupo que apoya socialmente el golpe), y son parte de
los apoyos internos más importantes para el gobierno de facto.
El poder empresarial golpista
hondureño está claramente marcando el rumbo del país, pudiéndose definir así un
holding de empresas golpistas entre las cuales destacaríamos las siguientes en
los siguientes ámbitos:
En el ámbito de los diarios, revistas y
productos impresos: La Prensa, El Heraldo, Estilo y Diez, todos propiedad de
Jorge Canahuati Larach; el periódico La Tribuna y Lithopress Industrial del ex
presidente Carlos Flores Facussé; y el Hablemos Claro, Hablemos Claro
Financiera, As Deportivo y Cromos todos ellos de propiedad de Rodrigo Wong
Arévalo.
En el ámbito de la TV, cable, telefonía e
Internet: Grupo Televicentro, Canal 5, Telecadena 7 y 4, Telesistema 3 y 7,
MegaTV, Multivisión, Multifon, Multidata y Televicentro Online, todos del
magnate Rafael Ferrari; el Canal 10 o TEN de Rodrigo Wong Arévalo; Canal 54 de
Jorge Faraj y Camilo Atala; Tigo-Celtel de Antonio Tavel Otero; Telemás de
Gabriela Núñez; y 45TV La Ceiba y Televisión 8 Tela de Rodolfo Irías Navas.
En el ámbito de las radios: Emisoras Unidas,
HRN, Radio Norte, Suave FM, Rock n`Pop Vox FM, XY, 94 FM, Radio Satélite, Radio
Caribe y Radio Centro, todas del holding mediático de Rafael Ferrari;
Audiovideo, Radio América, Radio San Pedro, Súper 100, La Moderna y Radio La
Ceiba de Miguel Andonie Fernández; y Comunicaciones del Atlántico, Radio El
Patio La Ceiba, Stereo 91 La Ceiba, Stereo 102.5 La Ceiba, Romántica 103.5 FM
La Ceiba, Radio Aguàn Colón, 92.7 FM Tela y 91.5 FM Tela de empresario
mediático Rodolfo Irías Navas.
En el ámbito de comidas y bebidas, son
resaltables: Burger King, Little Caesar´s, Church´s Chicken, Popeyes, Dunkin´
Donuts, Baskin Robbins, Pollo Campero y Chilli`s de Rafael Ferrari; Pizza Hut,
Kentucky, Agua Azul, Aquafina, Pepsi, Seven Up, Mirinda Naranja, Mirinda Uva,
Teem, Enjoy, Adrenaline, Gatorade, Quanty, Be-Light, Link, SoBe Energy y Tè
Lipton envasado, todo controlado por el empresario pro golpista Jorge Canahuati
Larach; Yummies Zambos, Yummies Ranchitas, Cappy, las diversas Ziba´s, Taco de
Rancho, Chicharrones de Rancho, Mazola, las diversas Íssimas y frutas y vegetales
Áltima, todos estos productos bajo control de Miguel Facussé Barjum; y Leche
Sula, Leche La Pradera, Leche en polvo Sula, Malteadas Sula, jugos de naranje y
fruta Sula, Babida Fristy Slua, Queso quesillo requesón Sula, Queso Cheddar
Gouda Edam y Pecorino Sula, Mantequilla crema Sula, Margarina Sula, Mozarella
Sula, Yogurt Sula, Yogurt Gaymonts y Lait y Agua Sula, de Schucry Kafie.
En el ámbito de entidades financieras,
consorcios y manufacturas, destacan: Grupo Ficohsa, Banco Ficohsa, Interamericana
de Seguros, Ficohsa Express, PSI Proyectos y Servicios Inmobiliarios, Dicorp,
Fundación Ficohsa, todas estas compañías de Jorge Faraj y Camilo Atala; Grupo
Terra de Freddy Nasser; Asin y Audiovideo de Miguel Andonie Fernández; Grupo
Roble de Ricardo Maduro; Fondo Hondureño de Inversión Turística (Bahía de
Tela), Grupo Televicentro, Emisoras Unidas y Telerón de Rafael Ferrari; Grupo
Dinant (antes Corporación Cressida), Químicas Magna, Cressida Industrial,
Químicas Láser, Alimentos Dixie y Exportadora del Atlántico, todas de Miguel
Facussé Barjum; Lactohsa de Schucry Kafie; Corinsa y Embotelladora de Sula de
Jorge Canahuati Larach; Comunicaciones del Atlántico de Rodolfo Irías Navas; y
la Fundación Covelo y el Banco Covelo de Adolfo Facussé.
En el ámbito de la energía y el combustible,
destacan: Emce, Petróleos de Honduras, Gasolineras Uno, Tramaq (transportes),
Enetran y las plantas térmicas Enersa, Elcosa y Río Blanco, propiedad de Freddy
Nasser; la planta termoeléctrica Lufussa de Schucry Kafie; la compañía Semeh de
Rafael Ferrari y Arturo Corrales; y la de biocombustibles Dinapower, propiedad
de Miguel Facussé Barjum.
En el ámbito de comercios y centros
comerciales: Supermecado La Colonia y Diunsa de Mario Faraj; Jestereo, La
Curacao, Tropigas y Mall Multiplaza de Ricardo Maduro; Eleganza, Jorge J.
Larach & Cía y Comercial Larach de Jorge Canahuati Larach; Proconsumo,
Xedex, Audaz y Ganex de Miguel Facussé Barjum.
En el ámbito de medicinas y farmacias:
Laboratorios Finlay de Jorge Canahuati; Infarma, Mandofer y Farmacia Regis de
Miguel Andonie Fernández.
En el ámbito textil y maquilas: el Grupo
Lovable de Juan Canahauti, y Textiles Río Lindo de Adolfo Facussé.
En el ámbito de hoteles destaca el
Intercontinental de Ricardo Maduro.
En el ámbito de transporte: Inter Airports de
Freddy Nasser; Catisa, Tupsa y Trasul, todas de Roberto Micheletti.
En el ámbito deportivo: el Olimpia de Rafael
Ferrari; el Motagua de Camilo y Pedro Atala.
Por otro lado, la constitución
interna de los sectores sociales que apoyan a Micheletti es la siguiente: por
un lado, la máxima dirigencia la lleva adelante un sector de la burguesía
acomodada liderada por la esposa de Carlos López, “canciller” de Micheletti,
Armida de López Contreras. Los coordinadores de nivel medio son empleados de la
Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, y algunos empleados de la empresa privada.
Las bases no existen y los movilizados provienen de sectores marginales de
Tegucigalpa a quienes se les garantiza el pago de 300.00 lempiras por marcha (aproximadamente
unos 15 dólares), el transporte de ida y vuelta, la comida de ese día, además
de una camiseta blanca.
En el liderazgo de estos
grupos, destaca entre otros el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, que
manejando fondos inicialmente procedentes de la empresa privada y
posteriormente de las arcas municipales (muchos de ellos provienen previamente
del gobierno central), es el responsable logístico de muchos de estos grupos.
También destacan entre los
apoyos al régimen golpista: los poderes judiciales, Congreso Nacional, Fiscalía
General de la República, Procuraduría General de la República, y Comisionado
Nacional de Derechos Humanos, todos ellos electos por el Congreso dirigido en
su momento por Roberto Micheletti, y seguidores ideológicos de Carlos Flores
Facussé.
También es reseñable la
Iglesia Católica, como uno de los primeros actores en posicionarse a favor del
golpe de Estado en Honduras. En un comunicado de la Conferencia Episcopal,
leído por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y avalado por los 11 obispos que
integran dicha institución, el máximo órgano de la Iglesia católica hondureña,
se posicionaba claramente a favor del gobierno de facto de Roberto Micheletti,
haciendo un llamado al presidente constitucional Manuel Zelaya para no volver a
Honduras, e intercediendo ante la OEA a favor de los golpistas.
Con el ejército como principal
valedor y garante del gobierno ilegítimo y estandarte junto con la policía de
la brutal represión diaria que se ejerce en especial en las cuidades de
Tegucigalpa y San Pedro Sula, a primeros de agosto los reservistas de las Fuerzas
Armadas de Honduras expresaron también su apoyo al gobierno de Micheletti. El
presidente de la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas, coronel en
retiro César Ordóñez, entregó a Micheletti, el pasado 7 de agosto, la bandera
hondureña como muestra de que la organización, según dijo, está “a disposición”
de su Gobierno.
¿Y en el ámbito internacional?
Aunque el rechazo al golpe de
Estado en Honduras ha sido unánime en todos los foros internacionales incluido
los 192 países que componen las NNUU, destaca en el marco internacional el
apoyo encubierto ejercido por algunos gobiernos al presidente de facto en
Honduras.
Según El Heraldo de Honduras,
las embajadas de Taiwán e Israel, son las únicas naciones que hasta el momento
han reconocido al gobierno de facto de Roberto Micheletti, en contraposición al
contundente rechazo de la comunidad internacional.
El gobierno de Colombia, a
pesar de haber retirado previamente a su embajador de Tegucigalpa, organizó el
pasado 20 de julio, una reunión con representantes del gobierno de facto en
Bogotá. El diálogo entre el canciller del gobierno golpista, Carlos López, y el
presidente colombiano Álvaro Uribe se desarrolló entorno a “la situación en
Honduras, la situación interna que estamos viviendo” según confesaba días
después el propio canciller ilegítimo hondureño.
López no tuvo recato en
indicar que Uribe expresó su “simpatía” por el gobierno de Micheletti y que la
reunión se debió a que ambas naciones son “víctimas de agresores externos
comunes, como Hugo Chávez”, a quien consideró “una amenaza para las naciones,
para la independencia de cada una de ellas”. El gobierno colombiano se vio
obligado a reconocer que la reunión existió, que fue secreta, pero en su
descargo se declaró que esta se dio en el marco de la mediación del presidente
Oscar Arias, cosa que en ningún momento se ratificó oficialmente por parte del
primer mandatario costarricense.
De igual manera, actitudes
contradictorias tuvo también el gobierno de Panamá, que a través de su
vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, alabó el pasado 21 de julio a
las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras. Varela indicó que “en Honduras he
visto un ejército responsable de acatar decisiones de la Corte Suprema de
Justicia y estar metidos en la mitad de una crisis que ellos no la formaron”,
olvidando que el ejército hondureño no está sometido a las órdenes de la Corte
Suprema, sino a las de su Comandante en Jefe, el presidente legítimamente
elegido por el pueblo en las urnas, en este caso Manuel Zelaya.
 |
| La CNN cubrió el golpe siendo un apoyo mediático para el mismo. Este poderoso medio de comunicación es una plataforma mediática para los golpes de estado en la región, otro ejemplo es el golpe de estado en Venezuela (2002) La CNN en español está siendo manejada por la CIA y otras agencias gubernamentales yanquis que operan en secreto y en favor de los intereses del empresariado latinoamericano que representan sus intereses y los de EE.UU. |
La derecha más reaccionaria de
América Latina ha expresado de diversas maneras su apoyo al régimen de
Micheletti. Entre ellos destacan las declaraciones de apoyo al gobierno
ilegítimo de la hija del golpista chileno Augusto Pinochet, la concejal Lucía
Pinochet, o del empresario venezolano Pedro Carmona, quien protagonizó el golpe
de 2002 en Caracas que sacó del poder durante 48 horas al presidente Hugo
Chávez, o incluso la del líder aprista del congreso peruano, Jorge del
Castillo, quien también se manifestó públicamente indicando que lo habido en
Honduras “más que un golpe fue un contragolpe para evitar el golpe que
preparaba Zelaya”. Ni Panamá ni Perú retiraron sus embajadores de Tegucigalpa.
En Venezuela, Globovisión,
cadena de televisión afín a los sectores opositores al gobierno presidido por
Hugo Chávez, también ha manifestado sus simpatías por el golpe de Estado en el
pequeño país centroamericano. Los conductores de los diversos programas de
Globovisión no han hecho más que apoyar el golpe de Estado en Honduras desde el
28 de junio, acusando a su vez al gobierno de Chávez de injerencia por haber
condenado dicho hecho. En este sentido, Guillermo Zuloaga, presidente de
Globovisión afirmó el pasado 17 de julio que “El gobierno de Micheletti está
ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en
Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras”,
indicando así un claro apoyo al gobierno golpista.
Ese mismo día, el dueño de
Globovisión y también propietario del concesionario Toyoclub Valencia C.A.,
admitió que la empresa automotriz que dirige especula con los precios de los
vehículos. “Nosotros puede ser que especulemos, pero damos fuentes de empleo”,
afirmó el dueño de Toyoclub, concesionario cerrado por mantener en situación de
ocultamiento 24 vehículos en una de las residencias de Zuloaga, ubicada en Los
Chorros, Caracas. Al ser interrogado sobre por qué los empresarios como él
especulan con los precios de los vehículos, pese a que reciben divisas a precio
oficial (Bs 2,15) por parte de la Comisión de Administración de Divisas
(Cadivi) para sus importaciones, Zuloaga volvió a indicar escuetamente que “los
concesionarios generan puestos de trabajo”, demostrando así cual es la ética
empresarial que caracteriza a empresarios de esta calaña.
En Estados Unidos el golpe de
Estado en Honduras ha contado con el respaldo de diversas figuras públicas del
mundo de la política.
La congresista de origen
cubano Ileana Ros-Lehtinen, declaraba poco después del golpe que “las fuerzas
militares en Honduras respetaron la Constitución” al remover al presidente José
Manuel Zelaya del poder.
Esta congresista
estadounidense, conocida en Cuba como la “Loba Feroz” tras su participación en
el caso Elián, no tuvo ningún pudor en declarar que “Zelaya manifestó una
conducta irregular por sus reiteradas violaciones a la constitución y a las
leyes e inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos
institucionales”.
Ros-Lehtinen apoyó el
secuestro en Miami del niño cubano Elián González, y es célebre en el Congreso
por dar su voto a todas las causas de la derecha contra Cuba y los movimientos
progresistas de América Latina.
También el senador
estadounidense del Partido Republicano por Carolina del Sur, Jim DeMint,
argumentó que el presidente constitucional Mel Zelaya es un “dictador estilo
Chávez” y un “líder ilegítimo”, al mismo tiempo que le ha exigido al presidente
Obama que debería “apartarse de déspotas” y que “EEUU debe dar todo el apoyo a
la gente de cualquier país que estén luchando por los mismo valores que
compartimos y defendemos en EEUU”.
En la actualidad, DeMint
mantiene su bloqueo al voto de confirmación del académico Arturo Valenzuela
como responsable para América Latina del Departamento de Estado de los EEUU.
DeMint también se opone al voto de confirmación de Tom Shannon, seleccionado por
el presidente Barack Obama como embajador para Brasil y que ocupaba el cargo
para el cual el mandatario nombró a Valenzuela.
El bloqueo de un nombramiento
es un derecho al que pueden recurrir los legisladores de la oposición, dentro
del complicado andamiaje legislativo estadounidense. “El senador DeMint
mantendrá el bloqueo contra ambos hasta que cambie la postura de la
Administración (Obama) con respecto al gobierno de Honduras”, según indicaron
fuentes de su oficina a las agencias de información el pasado 18 de septiembre.
Este senador está asociado con
el grupo religioso conservador conocido como “La Familia” (organización
internacional política cristiana), y apoyó públicamente la dictadura militar en
Honduras en la década de los 80, cuando el entonces embajador estadounidense,
John Negroponte, convirtió a Honduras en una base para las operaciones
paramilitares contra el sandinismo y los movimientos revolucionarios en
Centroamérica.
 |
| Los halcones al acecho: Negroponte y Bush (hijo) en conferencia de prensa. |
DeMint es uno de los
integrantes más destacados del grupo de senadores ultraconservadores que
cuestionan la posición del presidente Obama con respecto al gobierno ilegítimo
de Honduras. Estos legisladores, encabezados por el líder conservador en la
Cámara Alta, Mitch McConell, expresaron en una carta remitida a Hillary Clinton
la necesidad de reconsiderar la posición “unilateral” de la Administración
Obama respecto a Honduras.
También el congresista
republicano Aaron Shock divulgó recientemente un análisis del Servicio de
Investigaciones del Congreso estadounidense, según el cual "la destitución
del ex Presidente Zelaya fue constitucional y (la) debemos respetar",
aunque también halló ilegal que el Mandatario hubiese sido expulsado del país.
Durante su discurso, el
congresista resaltó que “es inaceptable que nuestro gobierno (EE.UU.) trate de
obligar a Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda
extranjera" al mismo tiempo que recomendó reanudar la asistencia
estadounidense e internacional a Honduras, devolver las visas de funcionarios
hondureños, reconocer la legitimidad de tales comicios si se celebran de manera
justa e imparcial. Finalmente, Shock recomendó que el gobierno hondureño
permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su
derrocamiento fue castigo suficiente por las medidas que él tomó y que llevaron
a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía
general para todos los involucrados en su destitución. Así, Zelaya tendría
derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras
elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.
De acuerdo con The Washington
Post, para los “halcones” conservadores, apoyos del gobierno golpista de
Micheletti, “Obama y el Departamento de Estado de EEUU se unieron a Chávez y
sus aliados para exigir que Zelaya sea restituido en el poder”.
En la ambigüedad en ocasiones
y apoyo expreso en otras, mantenida por diversos actores estadounidenses con
respecto a Honduras, es referenciable un editorial del diario neoyorquino The
Wall Street Journal, del pasado 1 de julio, en el cual se podía leer que “el
golpe militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio
al presidente de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente
democrático”. En este editorial se posiciona que “el Ejército no depuso al
presidente Manuel Zelaya por sí solo, sino siguiendo una orden del Tribunal
Supremo de Honduras”, y prosigue indicando que “las autoridades legislativas y
judiciales permanecieran intactas” tras la acción militar.
Lo más espectacular del
editorial consistió en señalar que Obama se ha posicionado en este asunto
“junto a Naciones Unidas, Fidel Castro, Hugo Chávez y otros demócratas
modélicos”, asegurando a su vez que lo ocurrido en Honduras debe leerse “en el
contexto del chavismo latinoamericano”.
El diario conservador estadounidense
indica que Chávez utilizó “dinero proveniente del petróleo venezolano para
ayudar a que Zelaya ganara las elecciones hondureñas en 2005” y Zelaya, por su
parte, ha intentado utilizar “procedimientos ilegales para forzar al Congreso a
que reforme la Constitución”.
El editorial concluye
indicando que “esa intimidación populista ha funcionado en muchos puntos de la
región y en Honduras están comprensiblemente asustados de que, apoyado por el
dinero y los agentes de Chávez, se alcance una subversión antidemocrática
similar en el país”.
El gobierno golpista contrató
inmediatamente después del derrocamiento de Zelaya al lobby estadounidense
Chlopak, Leonard, Schechter & Associates, el cual en cuatro meses a cobrado
más de 290.000 dólares, y su función ha sido fundamentalmente desarrollar
cabildeo a favor de los golpistas en el Capitolio.
En Europa, la fundación
alemana Friedrich Naumann Stiftung (FNS) vinculada al FDP (Partido Demócrata
Liberal), fue denunciada ante el Parlamento alemán por el grupo parlamentario
Die Linke (La Izquierda) por su apoyo al gobierno golpista que encabeza
Micheletti. No sorprende entonces descubrir que esta fundación también da
cobertura Carlos Alberto Montaner, vicepresidente de la Internacional Liberal y
uno de los opositores más recalcitrantes del régimen cubano. La FNS también
desarrolla operaciones propagandísticas en contra de los gobiernos progresistas
de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
En julio de 2007, la agencia
alemana de noticias (independiente) German Foreign Policy, señalaba que la FNS
“iniciaba un nuevo programa para desarrollar una red de las fuerzas
neoliberales a través de América Latina dando una atención especial a las fuerzas
opositoras de Cuba, Venezuela y Bolivia”. La FNS se encuentra detrás de la “Red
Liberal de América Latina” (RELIAL) que, según su propaganda reúne 46
organizaciones de 17 países.
En Bolivia, sin ir más lejos,
RELIAL tiene entre sus núcleos más activos al grupo FULIDE del terrateniente
Branko Marinkovic quién lidera el Comité separatista pro Santa Cruz. FULIDE
tiene la característica de exhibir esvásticas en sus manifestaciones.
En el ámbito de las
fundaciones, destaca también la española Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES), encabezada por el ex presidente José María Aznar.
Esta entidad emitió un documento fechado el 15 de julio en el que defiende el
derrocamiento del presidente constitucional de Honduras, declarando el golpe
como una acción de defensa legítima de la libertad y la democracia.
La FAES considera que "la
salida de Zelaya ha supuesto el primer retroceso importante para los intereses
de Hugo Chávez. Por primera vez, las instituciones de un país han dado la
espalda a un líder populista y han salido en defensa de la democracia. La
Constitución ha funcionado. Se ha evitado el vaciamiento de la democracia
liberal".
A primeros de septiembre, el
Comité para América Latina (COLAT) del Consejo de la Unión europea consensuó
mantener a Honduras en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la
UE y Centroamérica, terminología eufemística que utiliza la UE para definir sus
TLC. En el COLAT del Consejo de la UE, el gobierno español fracasó en su
intento de dejar a Honduras fuera de las negociaciones comerciales con la UE.
Según fuentes del COLAT, la
Comisión "no quiere dejar aislado a Honduras" en estas
conversaciones, que se paralizaron en julio pocos días después de la
destitución y expulsión del país del ex presidente Manuel Zelaya. Estaba
previsto concluir las negociaciones este año para el Acuerdo de Asociación
entrara en vigor en 2010.
Al mismo tiempo que el
gobierno español justifica su posición ante sus socios comunitarios indicando
que el Acuerdo de Asociación es una prioridad para ellos, dado que ostentarán
la presidencia de la UE en el primer semestre del año que viene, los países
centroamericanos debaten sobre la conveniencia o no de continuar el proceso con
Honduras, tras la declaración condenatoria del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA).
La presencia del gobierno de
facto hondureño en las negociaciones significaría de hecho un reconocimiento
implícito de todos los países sentados en las mesas de negociación.
Pero las prisas tanto de la UE
como de determinados países centroamericanos para culminar este proceso, ha
conllevado a que el pasado 17 del presente mes, Costa Rica manifestase
públicamente la necesidad de modificar el mandato europeo.
“Considero que lo que debemos
solicitar es un cambio de mandato (de negociación) a la UE”, declaró el
ministro costarricense de Comercio Exterior, Marco Ruiz. El mandato de la UE
indica que el acuerdo sólo se firmará con los cinco países centroamericanos en
conjunto, es decir, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
El ministro costarricense
indicó que se debe “aprovechar el tiempo” y que la idea no es dejar a Honduras
fuera del acuerdo, sino que se pueda adherir cuando tenga un gobierno
legítimamente reconocido. Esta posición a determinado que se fuera al traste
las operaciones de la diplomacia golpista hondureña en su búsqueda de que la UE
la sentase en la mesa de negociación aunque fuera a cambio de vender el país
aun más a intereses extranjeros.
¿Y las transnacionales?
El Canal 36 de Honduras,
denunció que la empresa TIGO apoya al gobierno golpista. Este canal de
televisión, que era antes patrocinado por la empresa y ahora –a raíz de su
posición crítica hacia el gobierno de facto- se ha quedado sin patrocinio.
En las diversas
manifestaciones contra el sector empresarial que dieron en Honduras el pasado
27 de julio, los manifestantes quebraron las tarjetas SIM (chip) de la empresa,
expresando de esta manera su rechazo al apoyo de dicha compañía al gobierno
golpista.
Según voceros de Radio globo,
pudieron averiguar que dicha compañía fue fuertemente presionada por “grandes
clientes” para adoptar dicha posición. En la actualidad se desarrolla un fuerte
boicot a dicha compañía por parte de los sectores de la Resistencia Nacional.
La compañía TIGO (da cobertura a tres cuartas partes de los dos millones de
abonados celulares en el país) ha estado interviniendo las llamadas a Canal 36
y Radio Globo para impedir la comunicación de ciudadanos y ciudadanas que
denuncian los abusos del régimen golpista a través de esos medios.
En un artículo publicado el 18
de julio en el diario hondureño El Libertador, se publicó una lista de 100
personas consideradas como instigadores del golpe que derrocó al presidente
Manuel Zelaya. En el puesto 37 de la lista aparece el cubano de Miami Antonio
Tavel Otero, director ejecutivo de TIGO.
TIGO es subsidiaria de
Millicom Internacional, que es dueña a su vez de Amnet TV y ha sido
protagonista de un escándalo de corrupción en Costa Rica durante el primer
mandato de Oscar Arias.
TIGO.Millicom es propiedad del
grupo sueco Industriförvaltnings AB Kinnevik. Su director ejecutivo es Mikael
Grahne y en su directiva está Daniel Johanesson, ex director de la empresa
sueca de trenes SJ.
¿Y las instituciones de
Bretton Woods?
A pesar del pronunciamiento internacional
e incluso uno propio del FMI llamando a la restitución del gobierno legítimo en
Honduras, este país recibió, el pasado 28 de agosto, una asignación de 150
millones de dólares del FMI como parte de un programa para suavizar el impacto
de la crisis global (Derechos Especiales de Giro –DEG), según su Banco Central.
Todo ello a pesar de que otros organismos internacionales suspendieron su ayuda
al país tras el golpe de Estado del 28 de junio.
El Banco Central de Honduras
indicó a su vez que recibirá una asignación adicional de 13,8 millones de
dólares de DEG en las próximas semanas.
Honduras, que fue suspendida
de la OEA tras el golpe, sufrió la cancelación de la ayuda del BID y del Banco
Mundial –calculada en 200 millones de dólares para el 2009- y Washington
canceló ayuda militar por valor de 16,5 millones de dólares.
Fuente: Rebelión - 1ro. de octubre de 2009
Por Decio Machado.
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